Sánchez promete a ERC una purga del CNI pero pide tiempo para blanquearla tras una auditoría interna

Rodarán cabezas en la cúpula del CNI, en las próximas semanas, por expreso deseo del separatismo catalán y vasco y por necesidad imperiosa del Gobierno de coalición. Es una de las exigencias de Esquerra Republicana a Pedro Sánchez para no torpedear la agenda legislativa de aquí al final de la legislatura. Pero esos ceses no serán inmediatos. Antes se realizará una auditoría interna -cuyo contenido no será expuesto de forma pública a toda la ciudadanía- para buscar cabezas de turco. Paz Esteban, directora de la inteligencia española, es una de las más señaladas por el independentismo.

Con esta concesión a ERC, imprescindible para garantizar la aprobación de algunas votaciones en el parlamento como la del decreto de la guerra que se producirá este jueves, el Gobierno reconoce implícitamente que se utilizó el sistema Pegasus -únicamente a disposición de los Estados- para espiar a algunos políticos como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o los diputados en el Congreso Jon Iñarritu, Míriam Nogueras y Albert Botrán. Una purga que permitirá a los separatistas venderse como víctimas y alardear de que son capaces de obligar a Sánchez a hacer cambios al más alto nivel del Estado ante sus votantes. Y al presidente señalar a algún funcionario -la mayoría lleva años trabajando en el CNI- como responsable para asumir él responsabilidades.

Antes de efectuar esos ceses, que según algunas fuentes se producirían antes del verano, se llevará a cabo una investigación interna sobre lo que denuncia el mundo independentista. Una primera victoria para ellos, tras negar Moncloa la semana pasada haber espiado a nadie. Al término de este curso político se prevé que la auditoría esté finalizada y la directora del CNI, Paz Esteban López, acuda a exponer las conclusiones a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso -que lleva tres años sin reunirse-. Nada de lo que se diga durante esa reunión puede salir de las paredes del Congreso, es decir, que solo unos pocos sabrán exactamente qué ha pasado y ni ERC, ni Junts ni la CUP podrán hacer electoralismo con ello. A menos que tras tener conocimiento de un supuesto delito, lo pongan en conocimiento de la Justicia y esta inicie una investigación. Pero PSOE y ERC habrían convenido dejarlo ahí.

Comisión de Secretos Oficiales

Ante el fracaso de la reunión que mantuvieron este domingo en Barcelona el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagrà, ayer lunes, el Gobierno trasladó a sus socios anticonstitucionalistas que desbloqueará la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales permitiendo así su entrada en la misma. Es decir, los impulsores del principal golpe a la democracia española tendrán acceso directo a las informaciones más comprometedoras de la seguridad del Estado. La comisión llevaba bloqueada tres años, desde la anterior legislatura, por la incapacidad de lograr los 210 escaños necesarios que permitan la activación debido a los vetos cruzados.

El Ejecutivo, para ganar tiempo con sus socios y evitar así que decaiga el decreto con las medidas de la guerra que se votará este jueves en el Congreso, ha hecho el anuncio de la puesta en marcha sin explicar con qué votos piensa constituirla. Es la única comisión que sigue sin poder realizar sus trabajos de fiscalización a la inteligencia española. Ni el bloque de izquierdas ni el bloque de derechas llegan a esa mayoría de tres quintos. PP, Ciudadanos y Vox rechazan la entrada de los portavoces de ERC y Bildu -cada grupo cuenta con un representante- y eso impide la elección de los miembros. Ninguno de los tres partidos ha cambiado de posición, por ahora.

Moncloa asegura que activará «de manera inmediata» la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, con el fin de pueda comparecer en ella la directora del CNI para exponer información, documentación y las conclusiones de la auditoría interna que ha encargado para arrojar luz sobre la denuncia de supuesto espionaje que dicen haber sufrido varios líderes independentistas catalanes y vascos. Sólo en esa comisión, cuyo contenido es completamente secreto por ley, se puede explicar el uso de los gastos reservados del Estado.